Comentario
A finales de 1913 se produjo un cambio en la vida pública española que tuvo la suficiente envergadura como para que, a partir de este momento, fueran otros sus protagonistas. Después de la muerte de Canalejas no volvió a existir un liderazgo unido del partido liberal y, aunque los nuevos jefes del mismo -en especial, Romanones- fueron en realidad bastante mejores de la imagen tópica que de ellos ha quedado, la disgregación se multiplicó hasta el infinito. En el verano de 1913 el liberalismo aparecía dividido en una tendencia encabezada por el citado y otra por García Prieto, pero diez años después había siete u ocho. Pero a esta situación se le unió, además, la inutilización de Antonio Maura al frente del partido conservador.
La herida de lo que éste interpretó como desvío del monarca y conversión de los liberales en poco menos que revolucionarios resultó perdurable. Después de haber mantenido una fuerte reticencia contra uno y otros en octubre de 1913, cuando la disgregación de los liberales era ya patente, se negó a ocupar el poder y el Rey tuvo que recurrir al nombramiento de otra persona. En adelante Maura, con un reducido grupo de fieles, mantuvo una actitud negativa respecto a unirse al resto del partido conservador. Sus seguidores durante algunos años animaron la vida pública reclamando la participación en ella de las masas neutras pero, en realidad, en su mayor parte sesgaron hacia una derecha clerical y autoritaria las tradicionales tesis conservadoras; otros, en cambio, evolucionaron en un sentido más centrista. Maura, que siempre permaneció en el marco del liberalismo, se mantuvo como el político español más respetado, al que se recurría en ocasiones críticas, pero a quien se impedía ejercer el poder en plenitud.
Eduardo Dato se convirtió en el sucesor de Antonio Maura en la jefatura del partido conservador. Hábil y dúctil ante las circunstancias, fue uno de los introductores de la legislación social en España, pero sin embargo fue acusado por los mauristas de aplazar los problemas más graves. Desde octubre de 1913 a diciembre de 1915 ocupó el poder con un gobierno conservador que agrupaba todas las tendencias a excepción del maurismo. Eludió el enfrentamiento con las Cortes por el sistema de mantenerlas cerradas durante 18 meses de los 25 que duró su mandato. Quizá la medida más importante de Dato fue la aprobación por decreto de las Mancomunidades: se llegaba con ellas a una cierta forma de autonomía regional. Las diputaciones provinciales podrían asociar sus servicios y así lo hicieron en Cataluña bajo la presidencia de Prat de la Riba. Pero la verdad es que esta solución no satisfizo por completo a Cambó y a la Lliga. Al estallar la guerra mundial los catalanistas exigieron una legislación económica que Dato no estaba dispuesto a conceder porque hubiera provocado la protesta de otras regiones de la Península. Antonio Maura y los mauristas criticaron agriamente la política de Dato, que fracasó en su intento de reconstrucción del partido. Su gobierno cayó cuando en las Cortes todas las oposiciones solicitaron al ejecutivo unas disposiciones relativas al problema económico.
Sucedió a Dato el Conde de Romanones, jefe de los liberales, con un gobierno que agrupaba a lo mejor de ese partido como expresión misma de su reconstrucción, a pesar de que tuvo dificultades para ser formado. Pronto destacó ante la opinión pública y el Parlamento la figura de Santiago Alba, probablemente el político liberal de más talla por su talento, preparación e izquierdismo que practicaba, intentando atraer a los republicanos a las filas de la monarquía. Desde el Ministerio de Hacienda propuso un amplísimo programa de medidas económicas que iban desde la reforma fiscal al desarrollo de la industria mediante un presupuesto extraordinario. Pieza imprescindible de este proyecto fue una contribución sobre los beneficios extraordinarios producidos por la guerra. Desde el punto de vista social este proyecto hubiera podido resultar muy positivo, pero no salió adelante por la oposición de los sectores conservadores del país, sobre todo de Cambó y La Cierva. Estos proyectos tampoco contaron, en definitiva, con un apoyo entusiasta del jefe de gobierno, centrado en los problemas de política exterior, que serían los que provocarían su pérdida del poder.
El Conde de Romanones fue relevado en la jefatura del gobierno por García Prieto: se trataba de un puro cambio de personas que carecía de identidad ideológica.
Sin embargo, García Prieto tuvo que enfrentarse con dos problemas fundamentales, que más tarde llevarían a la revolución de 1917: la protesta social y la de los militares. Uno y otro constituyen ya claros antecedentes del período de crisis del sistema constitucional.